los gobierno Sigue decidido a negar los traslados de inmigrantes ilegales a la Península, a pesar de las pruebas. El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó rotundamente la posibilidad el 20 de noviembre en Marruecos, donde aseguró que alentaría un camino de «Entrada irregular en Europa» y optó por el repatriación para no provocar un «efecto de llamada». Apenas un mes antes, en el Senado, el PSOE defendió, en una enmienda a una moción de la Coalición de Canarias, el reparto de irregularidades por la Península como método para paliar la presión migratoria de las islas.

El 23 de septiembre, la Coalición de Canarias registró una iniciativa en la Cámara Alta en la que advertía de la saturación del archipiélago por la llegada de inmigrantes. Aviso que, sin embargo, y en vista de la posterior sucesión de hechos, no fue atendido por el Gobierno. La moción no se salvó de las críticas al desempeño del Ejecutivo.

“A pesar del constante aumento de la llegada de migrantes a nuestras costas ante la disminución del territorio peninsular, y las constantes advertencias al Gobierno del Estado sobre el aumento del flujo en la costa atlántica, la respuesta de los distintos Ministerios ha llegado tarde y, en algunos casos, ni siquiera se ha producido ”, reprochó el partido canario.

Asimismo, “la ausencia de una respuesta coordinada por parte del Gobierno o la inexistencia de un organismo que coordine las líneas de acción del Ejecutivo en las islas para enfrentar un drama que ha cobrado miles de vidas y que supone, de momento, una grave Problema que amenaza con colapsar los servicios públicos debido a los efectos paralelos de la pandemia de coronavirus. Y se advirtió que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban «desbordados» y que los equipos de vigilancia eran inexistentes.

Por este motivo, entre otras medidas, se instó al Gobierno a la «distribución solidaria» de los inmigrantes que fueron «Lleno de gente» en Canarias “entre los diferentes centros de detención de extranjeros que existen en la Península para desbloquear la actual situación de desborde que existe en el archipiélago”.

El PSOE aceptó la iniciativa, que fue debatida el 6 de octubre, y firmó varias enmiendas. En uno de ellos, concretamente, se compartió la necesidad de un «reparto solidario» de inmigrantes ilegales «entre los diferentes servicios de acogida humanitaria disponibles en la Península».

El Gobierno, por su parte, ahora rechaza sistemáticamente que esté organizando traslados, a pesar de los informes que demuestran lo contrario. A la polémica por los 200 inmigrantes ilegales que llegaron a Granada durante el último puente, hay casi 400 en la Comunidad Valenciana -como revela OKDIARIO- y decenas más a otras partes del país.

Este diario también publicó este jueves la prueba definitiva para demostrar no solo el conocimiento que Interior tiene de la llegada de vuelos regulares desde Canarias a otras provincias, sino de la coordinación que existe y que se refleja en actas policiales, con los escudos de el Ministerio de Marlaska impreso junto al membrete de la Brigada de Extranjeros de la Dirección General de la Policía.

Bajo el título ‘Instrucciones operativas de apoyo al aeropuerto de Manises’, se dan las indicaciones “sobre el control a realizar a la entrada de extranjeros que lleguen de las Islas Baleares o Canarias y que, habiendo entrado en España de forma irregular (patera, cayuco, etc.) llegan a los distintos aeropuertos o puertos de la Comunidad Valenciana ”.

«Efecto de llamada»

El ministro del Interior, tras su reunión en Marruecos en noviembre y preguntada sobre el tema, afirmó enfáticamente, para refutar esta medida: «Hay que luchar contra la emigración irregular, y evitar que se establezcan rutas de entrada irregulares a Europa». Marlaska destacó entonces que «las políticas migratorias son para el conjunto de la UE, y no solo para España».

El Gobierno niega los traslados y afirma que, en todo caso, se limitarían a casos «puntuales», perfiles susceptibles de «protección internacional», cuando las pruebas demuestren que son traslados masivos.

De hecho, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, admitió hace unas semanas que «el grueso de los inmigrantes que están llegando son expulsables».

“Nuestra obligación es acoger a personas vulnerables o que hayan solicitado asilo internacional”, prosiguió el ministro, pero, añadió, “la realidad es que la mayoría de los que están llegando a Canarias no cumplen con esta tipología; son magrebíes, jóvenes en perfecto estado Escrivá, a diferencia de Marlaska, se mostró partidario de los traslados, siempre que estuvieran pactados con las autoridades de las comunidades de destino, algo que no sucedió en el caso de los inmigrantes granadinos.