El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a los ex miembros de la Junta Parlamentaria Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas Y Lluís Guino (JxYes) a 20 meses de inhabilitación por no cumplir con el Tribunal Constitucional (TC) y tramitar resoluciones relacionadas con el proceso independentista, y ha absuelto al exdiputado de la CUP Mireia Boya de los mismos hechos.

La Sala Civil y Penal también ha impuesto una multa de 30.000 euros cada uno a los cuatro condenados, el mismo monto solicitado por la Fiscalía, ha informado el TSJC en un comunicado, y la sanción de inhabilitación especial incluye la prohibición de ocupar cargos electivos y ejercer funciones de gobierno o administración, tanto a nivel local, provincial, autonómico, estatal o supra- nivel estatal, por un año y ocho meses.

Además, la corte impone a cada condenado el pago del 10% de las costas del juicio, que se celebró del 21 al 24 de julio, incluidos los de acusación particular, ejercida por el Colegio de Abogados.

En este trámite, se han perseguido las resoluciones de la Cámara Catalana relacionadas con el proceso soberano que tramitó la Mesa en la anterior legislatura, y que fueron impugnadas reiteradamente por el TC, además de la ratificación en pleno del Parlament de la conclusiones del estudio de la comisión sobre el proceso constituyente y los Presupuestos de 2017, que incluía una partida supuestamente dedicada a financiar posibles referendos y que fue declarada inconstitucional.

Asimismo, se imputa a los condenados la tramitación de la propuesta de ley del referéndum y de transitoriedad legal, que la Sala votó en Plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, así como la resolución de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. .

En el caso Boya, el tribunal acordó Absolución unánime porque no fue advertida personalmente por el TC y, al no ser miembro de la Mesa del Parlamento, «no ocupó un cargo de intervención» en la tramitación de resoluciones.

En este sentido, la sentencia establece que para cometer un delito de desobediencia es necesario tener la condición de autoridad o funcionario, para que el involucrado «esté en condiciones de cumplir o, al menos, de prevenir o dificultar el cumplimiento». con lo que se ordene en la resolución judicial, ya sea por ser destinatario de la misma o porque, aunque no lo sea, es competente para ejecutarlo.

La Fiscalía solicitó a Boya la misma pena que se le ha impuesto a los ex miembros de la Junta Parlamentaria, mientras que la Fiscalía del Estado solicitó al juzgado que imponga una pena de un año y cuatro meses de inhabilitación.