Vecinos de Galapagar (Madrid), que se manifestó frente al chalet en Pablo Iglesias e Irene Montero En protesta por su gestión -algunos de ellos sancionados- han anunciado este miércoles la presentación de una denuncia contra el vicepresidente del Gobierno por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos cometido por la autoridad, por coacción y falsa acusación con el agravante de aprovecharse de su cargo público, como adelantó OKDIARIO.

«Estamos cansados de que nos propongan sanciones simplemente por el hecho de que caminamos con la bandera de España»explicó una portavoz del vecindario. «Lo único que hemos hecho es caminar con la bandera para hacernos ver y mostrar nuestro desacuerdo con la gestión del gobierno», añadió.

José Manuel Menéndez, abogado de la Plataforma Vecinal Sancionada por Pablo Iglesias, consideró que «se ha cometido un atropello y una injusticia contra las madres de familia que han sido vistas en los tribunales por portar banderas españolas, por defender la unidad de España y por protestar contra un gobierno nefasto e incapaz de gestionar la crisis del coronavirus».

Como ya ha informado este periódico, unas veinte personas se han unido a la demanda contra el líder de Podemos. Estos vecinos han sido denunciados en los últimos meses y han recibido numerosas sanciones administrativas por protestar por el ‘caseplon’ que Pablo Iglesias e Irene Montero tienen en la urbanización de ‘La Navata’ en Galapagar.

Los crímenes, específicamente, son tres. El primero de ellos se refiere al delito cometido por un funcionario público contra el ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la artículo 542 del Código Penal, según el cual: «La pena de inhabilitación especial para el empleo o el cargo público por un período de uno a cuatro años será incurrida por la autoridad o el funcionario público que a sabiendas impedir que una persona ejerza otros derechos cívicos reconocido por la Constitución y las leyes».

Además, incluyen un crimen de coacción, que se regula en el artículo 172 del Código Penal, y se define como un delito contra la libertad, consistente en el uso de la violencia para impedir que otra persona haga algo que la ley no prohíbe, o para obligarla a hacer algo que esta persona no quiere, sea justo o no. Este delito se castiga con de seis meses a tres años de prisióno con una multa de 12 a 24 meses, dependiendo de la gravedad de la coacción y los medios utilizados.

Finalmente, señalan un crimen de denuncia falsa que figuran en el Artículo 456 del Código Penal, que establece que «serán castigados quienes, a sabiendas de su falsedad o de su temerario desprecio de la verdad, imputen a cualquier persona hechos que, de ser ciertos, constituirían un delito, si esta imputación se hiciera a un funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a la investigación». En este caso, con la circunstancia agravante de que Iglesias es un funcionario público.

En los últimos tiempos, los casos de vecinos denunciados han sido numerosos. Claudina y Ascensión, por ejemplo, se enfrentaron a un juicio rápido que finalmente fue archivado después de ser denunciadas mientras paseaban por la villa portando la bandera española.

La concejala de Vox en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal, fue denunciada por la Ministra de Igualdad por un presunto delito de «coacción» y «acoso diario en su domicilio y en las redes sociales» por acudir a los guisos diarios frente al domicilio de la Ministra. El juez ordenó finalmente el sobreseimiento provisional del caso.

Las concentraciones frente a la casa de Iglesias y Montero en Galapagar son frecuentes, aunque aumentaron especialmente en los momentos más críticos de la pandemia de coronavirus. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, incluso ordenó cortar las calles alrededor de la casa.

Recientemente, el Interior, por orden directa de Iglesias, reemplazó el despliegue de la Guardia Civil con la Policía. El segundo vicepresidente se quejó después de que un particular grabara algunas imágenes del interior de la casa durante la noche de las elecciones.