Las palabras se pierden, pero tienen consecuencias reales. En 2018, el ahora Fiscal General del Estado y luego Ministro de Justicia, Dolores Delgado, anunció un cambio inminente en lo que se conoce como la Ley de Justicia Universal. La misma ley que tras la reforma del PP de Mariano RajoyEn 2014 se cerró tanto el embudo de lo que se podía investigar que impidió que se persiguiera la persecución por el asesinato del camarógrafo. José Couso en Irak o los genocidios en Tíbet y Guatemala. Sin embargo, y pese a lo prometido por Delgado, tres años después, esa ley sigue igual que en 2014, lo que puede impedir el asesinato de periodistas. David Beriain y Roberto Fraile Puede ser investigado por la Audiencia Nacional si no se prueba que se trató de un atentado terrorista, dejando la investigación de lo sucedido en manos del gobierno de Burkina Faso.

David Beriain y Roberto Fraile fallecieron este martes víctimas de un atentado que ha sido reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), grupo cercano a Al Qaeda para el Magreb Islámico. Ambos periodistas estaban en Burkina Faso haciendo un informe sobre la caza furtiva cuando fueron emboscados por sus asesinos. Sin embargo, no se descarta que fueran cazadores furtivos quienes dispararan contra los periodistas, lo que implicaría automáticamente el cese de la investigación en España.

Investigación

El problema con este crimen es que, después de la reforma del PP de la Ley de Justicia Universal, que inmediatamente anuló la capacidad de los jueces para investigar delitos cometidos en el extranjero, en la actualidad los magistrados solo pueden interponer causas sobre genocidio y lesa humanidad, tortura, terrorismo o desaparición forzada que afecten a ciudadanos españoles o que residan habitualmente en España, tal y como se indica en el artículo 23,4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El caso del asesinato de David Beriain y Roberto Fraile no puede incluirse con absoluta seguridad en ninguno de estos casos, al menos por el momento, y hasta que se certifique la implicación de Al Qaeda. El crimen es un ataque terroristaPor tanto, la Ley de Justicia Universal ampara a un magistrado español para abrir un caso y tratar de averiguar qué sucedió, pero si finalmente no hubiera sido el caso, todo sería nada y el expediente sería forzado.

El último delito de Justicia Universal que se ha adelantado en la Audiencia Nacional, y posiblemente el único que se verá hasta la reforma de la ley, ha sido la sentencia que condenó a 130 años a Inocencio Montano, el cerebro detrás de la masacre del padre Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas en El Salvador hace 31 años.

Historia de un fracaso

En cuanto a la reforma de la Ley, en 2014 el PP la modificó de forma ‘express’ con todas las Congreso de los Diputados en contra. Lo hizo con un proyecto de ley a iniciativa parlamentaria del PP, que no necesitaba informes obligatorios. En 2018, Dolores Delgado anunció su reforma inmediata. Sin embargo, en octubre de ese año un demoledor informe del Ministerio de Relaciones Exteriores con el socialista Josep Borrell a la cabeza.

Este informe habla de las «serias reservas» que tiene la Cancillería con respecto a la reforma. Es más, explicó que Delgado destinado a introducir categorías inexistentes en la nueva ley en Derecho Internacional vigente. Así, la iniciativa estrella de Dolores Delgado quedó relegada a un brindis por el sol.

Pero lo más llamativo de todo es que tres años después, desde el gobierno de Pedro Sánchez no han tenido reparos en cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la misma que incluye la Justicia Universal, también de forma ‘expresa’ , sin informes y con la oposición en contra como hizo el PP. Pero esa reforma, que podría haber incluido la Justicia Universal, Solo ha modificado lo que le convenía a Sánchez y sus socios para obligar a los «populares» a llegar a un acuerdo sobre la renovación del CGPJ.

Por lo tanto, la cruda realidad, dada la forma en que Burkina Faso es políticamente hablando, es que el asesinato de David Beriain y Roberto Fraile No se pudo investigar en España, y teniendo en cuenta lo visto, parece poco probable que la Justicia burkinabe se sienta culpable en el banquillo. Es decir, 18 años después del asesinato de José Couso, la muerte de otros dos periodistas españoles puede tener la misma suerte legal que la investigación del crimen que le costó la vida a la cámara de televisión.